Jesús Redondo y Rodrigo Cornejo, representantes del Observatorio de Políticas Educativas de la Universidad de Chile se refieren en el Diario El Mostrador al proyecto de Ley General de la Educación.
Durante los primeros días después del anuncio presidencial del proyecto de ley para derogar y reemplazar la actual Loce, hemos visto cómo los sectores más conservadores de la sociedad chilena han reaccionado destempladamente ante lo que consideran un cuestionamiento a la provisión privada de servicios públicos, en este caso la educación, y el fortalecimiento de mecanismos públicos que apunten directamente a reparar las graves desigualdades que genera un sistema basado en la competencia y el lucro. Tal vez, por primera vez en treinta años, ven la posibilidad de un cuestionamiento mayoritario a las bases del modelo neoliberal.
El proyecto presidencial recoge la exigencia planteada, hace años por universitarios, profesores, codocentes, padres y apoderados y, sobre todo, por el movimiento secundario, de derogar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza impuesta por la dictadura. La propuesta de Ley General de Educación, al menos, se refiere a temas educativos y no sólo se limita a entregar la educación al mercado como lo hacía la LOCE.
Sin embargo, hay que recordar que los pilares de la crisis del sistema educativo son al menos cinco: las leyes constitucionales y el rol del Estado en la educación pública; el sistema de financiamiento mercantilista basado en la competencia entre municipios y privados por los recursos del Estado; el sistema de administración municipal y su pobre gestión de la educación pública; las precarias condiciones en que se realiza el trabajo docente, especialmente en las escuelas más empobrecidas; y, por último, el sistema de evaluación que limita los criterios de calidad y fomenta la competencia. De todos ellos, esta Ley General de Educación se refiere sólo al primer pilar de la crisis. La presidenta Bachelet anunció medidas respecto del financiamiento y la institucionalidad para fines del mes de abril, las cuales esperamos que éstas estén a la altura de lo que requiere el país y de lo planteado por las organizaciones del mundo social, en torno a fortalecer de verdad a la educación pública.
El proyecto Ley General de Educación explicita de manera más completa el rol del Estado en Educación. Se añaden a las funciones de éste, elementos como "resguardar los derechos de padres, estudiantes y comunidad educativa" (derechos ausentes en la LOCE) y "velar por la igualdad de oportunidades a través de políticas de discriminación positiva". Sin embargo, esto es insuficiente si no se reforma la Constitución política y no se define un rol más activo del Estado, como proveedor de la educación pública y garante del derecho a una educación de calidad integral para todos los chilenos y chilenas.
El proyecto de Ley General de Educación, también, plantea la prohibición de los sostenedores de seleccionar alumnos en los ocho cursos de enseñanza básica. Esto nos parece un avance, pues la selección de alumnos ha sido una de las causas de la actual inequidad y segmentación social del sistema educativo. Sin embargo, el proyecto consagra legalmente el derecho a seleccionar estudiantes, a partir del primer año de enseñanza media, lo que consideramos grave, pues fomentará la segmentación social en la enseñanza media que prepara para el acceso a la educación superior. Por otra parte, mientras se mantenga el sistema de financiamiento compartido en los establecimientos particulares subvencionados, que obliga a las familias a pagar una mensualidad por sobre el financiamiento del estado, se mantiene en los hechos un proceso de selección de alumnos por razones socioeconómicas.
El proyecto reformula los objetivos terminales de los ciclos educativos y favorece la flexibilidad curricular, enriqueciendo los fines educativos y el concepto de calidad integral de la educación, a diferencia de la LOCE que carecía de estos conceptos. Sin embargo, para que esta concepción más integral de la educación se haga realidad, es indispensable cambiar radicalmente el actual sistema de medición de la calidad (SIMCE) que se centra solo en puntajes en pruebas estandarizadas y que se mal utiliza promoviendo la competencia entre colegios, sobre la base de rankings engañosos, en los que siempre destacan aquellos colegios que realizan selección de alumnos.
El proyecto de Ley General de Educación establece un nuevo trato hacia los sostenedores que reciben subvención del estado. Deben ser fundaciones o corporaciones sin fines de lucro y cuyo objeto social único sea la educación, además de la obligatoriedad de dar cuentas públicas respecto de la totalidad de los recursos de la subvención estatal, los cuales deben ser destinados exclusivamente a fines educativos. Esto termina con una anomalía única en el mundo: Somos el único país que permite el lucro con recursos públicos y que privilegia la libertad de empresa por sobre el derecho a la educación.
Queda planteada la interrogante, para el Parlamento, respecto de cómo detener las potencialmente infinitas vías para evadir la prohibición del lucro. Sabemos que las universidades privadas, uno de los negocios más rentables, tienen esta misma prohibición.
Nos interesa finalmente, referirnos a las reacciones destempladas de los sectores conservadores del país que han acusado al proyecto de "estatista" e “ideologizado”. Debemos señalar que el sistema educativo vigente, "está influenciado por una ideología que da una importancia indebida a los mecanismos de mercado para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje", según el Informe de la OCDE de 2004. Las políticas neoliberales diseñadas e implementadas en los últimos 25 años, son las utopías ideologizadas causantes del actual deterioro de la educación, la salud, la vivienda, el transporte y la enajenación de los servicios y el patrimonio público. Cuestionar el rol del Estado en la protección de los derechos mencionados es ciertamente una impresentable ideologización del debate educativo.
El proyecto presidencial recoge la exigencia planteada, hace años por universitarios, profesores, codocentes, padres y apoderados y, sobre todo, por el movimiento secundario, de derogar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza impuesta por la dictadura. La propuesta de Ley General de Educación, al menos, se refiere a temas educativos y no sólo se limita a entregar la educación al mercado como lo hacía la LOCE.
Sin embargo, hay que recordar que los pilares de la crisis del sistema educativo son al menos cinco: las leyes constitucionales y el rol del Estado en la educación pública; el sistema de financiamiento mercantilista basado en la competencia entre municipios y privados por los recursos del Estado; el sistema de administración municipal y su pobre gestión de la educación pública; las precarias condiciones en que se realiza el trabajo docente, especialmente en las escuelas más empobrecidas; y, por último, el sistema de evaluación que limita los criterios de calidad y fomenta la competencia. De todos ellos, esta Ley General de Educación se refiere sólo al primer pilar de la crisis. La presidenta Bachelet anunció medidas respecto del financiamiento y la institucionalidad para fines del mes de abril, las cuales esperamos que éstas estén a la altura de lo que requiere el país y de lo planteado por las organizaciones del mundo social, en torno a fortalecer de verdad a la educación pública.
El proyecto Ley General de Educación explicita de manera más completa el rol del Estado en Educación. Se añaden a las funciones de éste, elementos como "resguardar los derechos de padres, estudiantes y comunidad educativa" (derechos ausentes en la LOCE) y "velar por la igualdad de oportunidades a través de políticas de discriminación positiva". Sin embargo, esto es insuficiente si no se reforma la Constitución política y no se define un rol más activo del Estado, como proveedor de la educación pública y garante del derecho a una educación de calidad integral para todos los chilenos y chilenas.
El proyecto de Ley General de Educación, también, plantea la prohibición de los sostenedores de seleccionar alumnos en los ocho cursos de enseñanza básica. Esto nos parece un avance, pues la selección de alumnos ha sido una de las causas de la actual inequidad y segmentación social del sistema educativo. Sin embargo, el proyecto consagra legalmente el derecho a seleccionar estudiantes, a partir del primer año de enseñanza media, lo que consideramos grave, pues fomentará la segmentación social en la enseñanza media que prepara para el acceso a la educación superior. Por otra parte, mientras se mantenga el sistema de financiamiento compartido en los establecimientos particulares subvencionados, que obliga a las familias a pagar una mensualidad por sobre el financiamiento del estado, se mantiene en los hechos un proceso de selección de alumnos por razones socioeconómicas.
El proyecto reformula los objetivos terminales de los ciclos educativos y favorece la flexibilidad curricular, enriqueciendo los fines educativos y el concepto de calidad integral de la educación, a diferencia de la LOCE que carecía de estos conceptos. Sin embargo, para que esta concepción más integral de la educación se haga realidad, es indispensable cambiar radicalmente el actual sistema de medición de la calidad (SIMCE) que se centra solo en puntajes en pruebas estandarizadas y que se mal utiliza promoviendo la competencia entre colegios, sobre la base de rankings engañosos, en los que siempre destacan aquellos colegios que realizan selección de alumnos.
El proyecto de Ley General de Educación establece un nuevo trato hacia los sostenedores que reciben subvención del estado. Deben ser fundaciones o corporaciones sin fines de lucro y cuyo objeto social único sea la educación, además de la obligatoriedad de dar cuentas públicas respecto de la totalidad de los recursos de la subvención estatal, los cuales deben ser destinados exclusivamente a fines educativos. Esto termina con una anomalía única en el mundo: Somos el único país que permite el lucro con recursos públicos y que privilegia la libertad de empresa por sobre el derecho a la educación.
Queda planteada la interrogante, para el Parlamento, respecto de cómo detener las potencialmente infinitas vías para evadir la prohibición del lucro. Sabemos que las universidades privadas, uno de los negocios más rentables, tienen esta misma prohibición.
Nos interesa finalmente, referirnos a las reacciones destempladas de los sectores conservadores del país que han acusado al proyecto de "estatista" e “ideologizado”. Debemos señalar que el sistema educativo vigente, "está influenciado por una ideología que da una importancia indebida a los mecanismos de mercado para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje", según el Informe de la OCDE de 2004. Las políticas neoliberales diseñadas e implementadas en los últimos 25 años, son las utopías ideologizadas causantes del actual deterioro de la educación, la salud, la vivienda, el transporte y la enajenación de los servicios y el patrimonio público. Cuestionar el rol del Estado en la protección de los derechos mencionados es ciertamente una impresentable ideologización del debate educativo.
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